Elena y Javier no duraron mucho en su matrimonio; desde el principio, todo parecía un error. Tras apenas tres años juntos, nació su hija Lucía y, poco después, decidieron divorciarse. Javier, comprometido con su papel de padre, acordó con Elena que no solicitaría una pensión alimenticia oficial mientras él transfiriera una cantidad mensual fija el día acordado. Así lo hicieron durante un tiempo, pero la tranquilidad se quebró pronto.
Una mañana, Javier abrió el buzón y encontró una carta inesperada. El sobre llevaba el membrete de un despacho de abogados y, al leer sus líneas, el mundo se le desmoronó: Elena exigía legalmente que Javier fuera despojado de la patria potestad sobre Lucía. ¿Cómo podía ser? Al pie de la denuncia se adjuntaba una prueba de ADN que afirmaba rotundamente que Javier no era el padre biológico. El padre verdadero resultó ser un hombre con el que Elena había estado casada antes de su relación con Javier, y con quien mantuvo contacto durante años. En realidad, Elena llevaba dos años engañando a Javier, manteniendo dos vidas, dos hombres y una mentira enorme.
Durante cinco largos años, Javier había estado enviando cada mes su transferencia puntual de ochocientos euros, confiando en que cumplía con su deber. Al descubrir la verdad, la herida fue profunda, casi insoportable. Tras el primer shock, la indignación se apoderó de él: había estado manteniendo a una hija que, según la ley y la ciencia, no era suya.
Consultó a un abogado y, entre lágrimas y rabia, descubrió que la legislación española contempla la posibilidad de reclamar la devolución de las pensiones alimenticias si hay pruebas concluyentes de que el hijo no es biológicamente suyo. Así, armado de papeles, Javier decidió llevar el caso a los tribunales. Exige cada euro que pagó con convicción y engaño.
Pero la pregunta que atormenta sus noches y carcome su conciencia es otra, silenciosa, constante: ¿debe Javier realmente luchar por recuperar ese dinero, o hay culpas y sentimientos que ni todo el oro del mundo podrán resarcir?
